El debate sobre la propiedad rural volvió a generar controversia en Córdoba luego de que varios senadores, entre ellos Marco Daniel Pineda, afirmaran que la Corte Suprema de Justicia había admitido una denuncia contra el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman Ortiz. El funcionario desmintió dicha versión, asegurando que la Corte no ha recibido ni admitido ninguna denuncia, y precisó que lo que existe es una investigación administrativa relacionada con presuntos casos de acaparamiento de baldíos por parte de varios congresistas de la Costa Caribe.
Harman explicó que las investigaciones que adelanta la ANT son de carácter administrativo, no penal, y buscan esclarecer la procedencia y legalidad de los títulos de propiedad. El director señaló directamente a varios parlamentarios, entre ellos Nicolás Barguil y Sandra Restrepo, e instó a que se declaren impedidos para participar en debates sobre la jurisdicción agraria por un evidente conflicto de intereses. Asimismo, aclaró que el Gobierno no ha expropiado una sola hectárea en Córdoba, sino que ha recuperado bienes del Estado indebidamente apropiados por particulares.
El director de la ANT destacó que el actual Gobierno ha gestionado más de 700 mil hectáreas y espera alcanzar el millón antes de finalizar su mandato, como parte del cumplimiento del Acuerdo de Paz. Subrayó que la meta es avanzar en la redistribución de la tierra y garantizar que más campesinos sean propietarios de sus parcelas. “Este gobierno cumple con la paz, recupera los bienes del Estado y trabaja por una verdadera reforma agraria”, afirmó Harman, quien insistió en que las críticas de la oposición carecen de sustento y responden a intereses políticos que buscan frenar los cambios en el campo colombiano.
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